Argentina Marks 50th Anniversary of Military Coup

Argentinians Mark 50th Anniversary of Military Coup ARGENTINA Argentina Tens of thousands of people marched in cities across Argentina this week to mark 50 years since the 1976 military coup that ushered in one of Latin America’s bloodiest dictatorships, the Associated Press reported. Demonstrations took place Tuesday in a number of cities, with the largest in Buenos Aires, as political tensions rise due to libertarian President Javier Milei’s efforts to challenge long-standing narratives about the junta that ruled the country from 1976 to 1983. The anniversary coincided with the publication of nearly 500 pages of intelligence documents from 1973 to 1983, including records of surveillance on universities, unions and political organizations, the Buenos Aires Times reported. Human rights organizations say around 30,000 people were disappeared during the junta’s campaign against dissidents, including left-wing guerrillas, labor activists and students. A truth commission and rights groups attribute most of the violence to state security forces, which carried out disappearances, torture and the theft of babies. The Abuelas (grandmothers) de Plaza de Mayo, one of the groups leading the demonstrations, say they have identified around 140 children taken from their families, out of an estimated 500 babies born in captivity and illegally adopted. More than 300 are still believed to be missing. However, Milei’s government has rejected the human rights organizations’ tally of the victims, putting the number of disappeared at fewer than 9,000 and arguing that the victims of attacks by left-wing guerrilla groups active at the time should also be commemorated. On Tuesday, the presidency released a video criticizing what it called a “biased and revanchist perspective” of the period. Meanwhile, critics have accused the libertarian president of undermining human rights efforts and recovering victims’ remains. As part of his austerity plan, Milei’s administration has downgraded the Human Rights Secretariat by cutting its budget and dismissing staff involved in archive analysis. Efforts to locate victims’ remains have long been hindered by the military’s refusal to provide information, activists say.

La larga sombra de Dos Erres

La larga sombra de Dos Erres Miembros de los Kaibiles, las fuerzas especiales de élite que perpetraron la masacre de Dos Erres. Crédito: This American Life Miembros de los Kaibiles, las fuerzas especiales de élite que perpetraron la masacre de Dos Erres. Crédito: This American Life Un tribunal canadiense sanciona al perpetrado de la masacre de Dos Erres de 1982 en Guatemala El gobierno de Canadá no cumple aplicar la Ley de Crímenes de Guerra Sobreviviente de la masacre: “No hay justicia” Published: Mar 19, 2026 Briefing Book # 917 Editado por Kate Doyle y Claire Dorfman Para más información contacte: 202-994-7000 o nsarchiv@gwu.edu Subjects Human Rights and Genocide Torture Regions Mexico and Central America Events Guatemala Civil War, 1960-1996 Project Guatemala Ramiro Osorio Cristales Ramiro Osorio Cristales, uno de los dos sobrevivientes de la masacre, testifica en Canadá en 2024. Crédito: Loubna Chlaikhy/La Converse. Jorge Sosa Orantes Fotografía militar de Jorge Sosa Orantes. Crédito: ProPublica. Members of the EAAF and relatives of victims at the Dos Erres site during an excavation. Miembros del EAAF y familiares de víctimas en Dos Erres durante una excavación. Crédito: EAAF. Patricia Bernardi Patricia Bernardi del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sostiene ropa de niños encontrada en el pozo de Dos Erres durante una excavación, el 16 de julio de 1995. Crédito: EAAF. The EAAF in the well at Dos Erres during an excavation. El EAAF en el pozo de Dos Erres durante una excavación. Crédito: EAAF. Washington, D.C., 19 de marzo de 2026 - El tribunal federal de Ottawa finalmente decidió revocar la ciudadanía canadiense de un oficial militar guatemalteco que participó en una horrible y tristemente célebre masacre de cientos de civiles inocentes en 1982. El 5 de febrero, la decisión concluyó que Jorge Vinicio Sosa Orantes, un ex subteniente y miembro de las fuerzas especiales Kaibiles, cometió crímenes de lesa humanidad al participar en la masacre de hombres, mujeres y niños que vivían en el pequeño pueblo de Dos Erres, en el norte de Guatemala. Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional testificó como experta durante el juicio. El Archivo publicó la decisión de la Corte y documentos estadounidenses y guatemaltecos utilizados como pruebas. El “Plan de campaña Victoria 82”, documento clave del ejército guatemalteco que estableció la estrategia de contrainsurgencia durante el año de la masacre de Dos Erres, se publica hoy por primera vez. También se han divulgado cables de la embajada estadounidense en Guatemala, que, tras la masacre, responsabilizó al ejército por los actos cometidos. La decisión del juez Roger R. Lafrenière constituye una victoria en la larga lucha relacionada con la masacre de Dos Erres. Representa una prueba de esperanza para los sobrevivientes y los defensores de los derechos humanos. Según el principio de jurisdicción universal, Canadá puede procesar a otras personas por crímenes internacionales, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno canadiense no ha ejercido este poder. En cambio, impuso sanciones administrativas a Jorge Sosa, impidiéndole enfrentar los cargos por los crímenes que cometió. Uno de los sobrevivientes reaccionó con desconfianza ante la decisión del tribunal. Ramiro Osorio Cristales tenía cinco años cuando su familia fue asesinada en Dos Erres. Como refugiado en Canadá, testificó en el juicio de Ottawa. Al anunciarse el veredicto, Osorio declaró su decepción. “Simplemente le quitarán la ciudadanía y lo expulsarán. No habrá justicia. En realidad, casi no se ha hecho nada… Queríamos que respondiera por sus actos y que fuera juzgado por sus crímenes”. Ataque sistemático contra civiles en Guatemala La masacre de Dos Erres ocurrió en el contexto de un “ataque generalizado y sistemático perpetrado por el ejército guatemalteco contra la población civil en los años 80”, como señala el juez Lafrenière en su decisión. Este conflicto interno se intensificó en violencia durante más de cuatro décadas, de 1960 a 1996, cuando se firmó un tratado de paz. La guerra enfrentó al gobierno contra insurgencias armadas, movimientos sociales militantes y cualquier persona sospechosa de simpatías subversivas, incluidas comunidades enteras. Al final del conflicto, más de 200,000 guatemaltecos habían muerto o desaparecido, y más de un millón de personas habían sido desplazadas. En 1999, una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas concluyó que el 93 % de las violaciones de derechos humanos documentadas durante la guerra fueron cometidas por “las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines”. Según la comisión, el ejército destruyó aproximadamente 626 aldeas en operaciones que devastaron las regiones rurales de Guatemala, incluyendo Dos Erres.[1] El 6 de diciembre de 1982, una unidad de élite de 40 soldados, dirigida por la unidad Kaibil, salió de su base militar hacia la pequeña comunidad agrícola de Dos Erres, que contaba con unos 300 habitantes y había sido identificada por el sistema de inteligencia guatemalteco como favorable a la insurgencia armada. El 7 de diciembre, soldados vestidos como gorilas entraron al pueblo, ocultando sus identidades. Fueron de casa en casa para reunir a las familias en el centro del pueblo. Ejecutaron a los hombres en una escuela y asesinaron a mujeres y niños en una iglesia. La matanza comenzó cuando un soldado arrojó a un niño a un pozo. Los Kaibiles torturaron a hombres, violaron a varias mujeres y niñas antes de matarlas y arrojarlas al pozo. Para la noche del 7 de diciembre, habían asesinado a la mayoría de los habitantes de Dos Erres, incluidos los niños. Como describe la sentencia canadiense, En la mañana del 8 de diciembre, cuando la patrulla se disponía a partir, personas que no sospechaban nada llegaron a la aldea. Como el pozo ya estaba lleno, fueron llevadas a media hora de distancia y ejecutadas. Dos adolescentes, salvadas por la patrulla, fueron violadas repetidamente y luego estranguladas. Solo dos niños pequeños, uno de ellos de ojos claros, sobrevivieron. Cuando la patrulla dejó Las Dos Erres, el pueblo fue borrado del mapa. (pp. 6) Más de 250 personas perdieron la vida en esta masacre.[2] Los Kaibiles eran soldados entrenados en operaciones especiales de contrainsurgencia y contraterrorismo, tristemente célebres por su uso de la tortura y su brutalidad extrema. En la sentencia canadiense, Jorge Sosa Orantes fue identificado como instructor en la escuela Kaibil y “uno de los oficiales que comandó la operación en Las Dos Erres”. (pp. 3-4) Basándose en testimonios y otras pruebas presentadas en el juicio, el juez Lafrenière concluyó que Sosa asesinó directamente a aldeanos, incitó a sus subordinados a hacerlo y que sus actos formaban parte de un “ataque más amplio contra los civiles en Dos Erres y sus alrededores”. (pp. 6) Un mentiroso consumado Tras la masacre, el sargento Jorge Sosa continuó enseñando en la escuela Kaibil. Su expediente militar indica que su rol en este trágico evento no afectó negativamente su carrera. Incluso fue ascendido a teniente y trasladado a la zona de conflicto militar de Quiché en 1983, donde sirvió como comandante. En 1984, fue transferido a la Ciudad de Guatemala para trabajar en la academia militar (Escuela Politécnica). Sosa desertó del ejército y se dirigió a Estados Unidos en 1985, donde solicitó asilo político, presentándose como un antiguo soldado honorable amenazado de muerte por guerrilleros guatemaltecos. Tras el rechazo de su solicitud en Estados Unidos, acudió al consulado canadiense en San Francisco para obtener el estatus de refugiado y la residencia en Canadá. Este fracaso en Estados Unidos lo obligó a cambiar de estrategia. Como demostrarían más tarde los fiscales canadienses, Sosa se describió entonces como un “trabajador de fábrica desesperado” que se unió a sus colegas para exigir mejores condiciones laborales. Tras el arresto de estos, Sosa declaró a los agentes de inmigración que se había visto obligado a huir de Guatemala con su familia “por temor a la persecución política”. (pp. 49) La estrategia funcionó. Sosa obtuvo una visa de residente permanente en Canadá en 1988 y se convirtió en ciudadano canadiense en 1992. Treinta y cuatro años después, el juez Lafrenière utilizó las declaraciones fraudulentas de Sosa para revocar su ciudadanía, calificando al exmilitar guatemalteco de “mentiroso consumado”. (pp. 116) Gracias a las acusaciones del gobierno canadiense contra Sosa Orantes, esta información se hizo pública. Fue presentada por los ministros de Ciudadanía e Inmigración y de Seguridad Pública y Protección Civil. El Ministerio de Justicia canadiense decidió no procesar al guatemalteco en virtud de la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, una ley de 26 años que otorga a los fiscales canadienses poder de jurisdicción universal. El ministro de Justicia no anunció públicamente su decisión, dejando dudas sobre los factores considerados y los ignorados. En 2016, las autoridades contactaron al Archivo de Seguridad Nacional para saber si aceptaríamos participar como expertos en este caso. Esas autoridades eran de la Sección de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra del Ministerio de Justicia de Canadá. Si la obtención de la ciudadanía de Sosa dependía de la veracidad de la información proporcionada en sus entrevistas de inmigración, un tribunal debía determinar si existían “motivos razonables para creer” que Sosa había cometido el crimen más atroz contra los derechos humanos: genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esto incluye delitos criminales canadienses como “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, persecución o cualquier otro acto u omisión inhumana cometida contra una población civil o un grupo identificable…”. El fiscal del Estado presentó este argumento ante la corte usando documentos como pruebas. En su decisión de 136 páginas, el juez Lafrenière se basó en las pruebas presentadas para examinar los patrones de violencia cometidos por el ejército guatemalteco contra civiles a principios de los años 80;[3] la estrategia de contrainsurgencia del ejército y la estructura y operaciones de las fuerzas especiales Kaibil;[4] documentos desclasificados estadounidenses y guatemaltecos que muestran que la masacre de Dos Erres era consistente con otras atrocidades cometidas durante la guerra;[5] y los resultados de las primeras exhumaciones en Dos Erres, realizadas en los años 90 por un equipo de antropólogos forenses.[6] La Corte escuchó el testimonio de un exmiembro de los Kaibil y testigo de la masacre, quien describió las acciones del entonces teniente Jorge Sosa Orantes,[7] así como los recuerdos de Ramiro Osorio Cristales, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre, quien perdió a su padre, madre, hermanas y hermanos hace 44 años.[8] El testimonio de Osorio fue mucho más que una simple enumeración de horrores vividos. Como escribió el juez en su decisión: Recuerda Las Dos Erres como un paisaje rural verde, habitado por una comunidad agrícola. Además de las pequeñas casas de madera, el pueblo contaba con una iglesia y una escuela. Allí vivía con su madre, Petrona, su padre, Víctor, y sus cinco hermanos. Recordaba que su hermana menor tenía aproximadamente dos meses al momento de la masacre. (p103) En conclusión, el juez Lafrenière determinó que “en diciembre de 1982, Jorge Vinicio Sosa Orantes participó en la atroz masacre durante la operación de patrulla Kaibil en el pueblo de Las Dos Erres”. Calificó claramente la destrucción del pueblo y el asesinato de sus habitantes como crímenes de lesa humanidad. Esta decisión hace que Sosa Orantes sea considerado inadmisible en Canadá y sujeto a una medida de expulsión. Sosa Orantes, aún impune, continúa beneficiándose de protección después de cometer un terrible genocidio. Retórica vs. responsabilidad Canadá se ha considerado durante mucho tiempo un defensor de los derechos humanos internacionales y un líder en la implementación de la jurisdicción universal. Dos años después de la adopción del Estatuto de Roma en 1998, que estableció la Corte Penal Internacional, Canadá se convirtió en el primer país del mundo en incorporar las obligaciones del estatuto al derecho interno con la aprobación de la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en 2000. Esta ley otorgó a Canadá la facultad de investigar y enjuiciar a los presuntos autores de crímenes internacionales en tribunales nacionales, independientemente de que los crímenes se hubieran cometido en Canadá o de que los acusados ​​fueran ciudadanos canadienses. Sin embargo, 26 años después, el historial de Canadá en materia de jurisdicción universal es escaso. Desde la ratificación de la ley, se han llevado a cabo exactamente dos juicios bajo esta ley. En 2005, el ruandés Désiré Munyaneza se convirtió en la primera persona arrestada bajo esta ley. Fue juzgado por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, declarado culpable en 2009 y condenado a cadena perpetua. Un segundo ruandés residente en Canadá, Jacques Mungwarere, fue acusado de manera similar y juzgado, pero absuelto en 2013. Un tercer caso se deriva del arresto en 2024 de Ahmed Eldidi, un ciudadano naturalizado acusado de desmembrar a un prisionero en nombre de Daesh (ISIS o Estado Islámico) en 2015. Expertos en derecho internacional en Canadá han advertido durante años que la preferencia del gobierno por los recursos migratorios en lugar de los juicios por crímenes de guerra dañó la reputación de Canadá como pionero en la jurisdicción universal. En 2010, la jurista Fannie Lafontaine publicó un artículo fundamental sobre la Ley de Crímenes de Guerra de Canadá, diez años después de su promulgación e inmediatamente después de la condena de Munyaneza. Las autoridades "deberían considerar la responsabilidad que Canadá ha asumido en la lucha global contra la impunidad", escribió. "Una vez que se encuentra a un sospechoso en territorio canadiense, Canadá tiene la responsabilidad, ante la comunidad internacional, de garantizar la rendición de cuentas, tanto en Canadá como en el extranjero".[9] Los expertos también se muestran escépticos respecto al compromiso de Canadá de seguir adelante con su caso contra Ahmed Eldidi. Tras hacerse pública la acusación contra Eldidi en 2024, Mark Kersten, profesor de justicia penal en Columbia Británica, observó que "la capacidad de Canadá para procesar crímenes internacionales en los tribunales canadienses se ha debilitado". Abogados Sin Fronteras Canadá ha brindado asistencia legal a Ramiro Osorio Cristales, sobreviviente de la masacre de Dos Erres, durante más de 15 años. En un informe reciente, ASF Canadá denunció la "clara falta de voluntad política" de las autoridades canadienses para utilizar las herramientas legales a su disposición para procesar a Jorge Sosa Orantes. Si bien las medidas migratorias, como la exclusión o la expulsión, "son útiles para evitar que el país se convierta en refugio de criminales de guerra", señaló el informe, "no cumplen el objetivo general de hacer justicia a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes". El único caso activo en Canadá relacionado con genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Eldidi) contrasta marcadamente con los Estados que impulsan con mayor intensidad los procesos de jurisdicción universal. Según TRIAL International, organización de investigación y defensa de la justicia con sede en Ginebra, en su Informe sobre la Jurisdicción Universal 2025, Francia tiene 26 casos activos; Alemania, 20; Bélgica y los Países Bajos, 12 cada uno. Fuera de Europa, Argentina tiene siete casos en curso. Entre expulsiones, extradiciones y ausencia Se desconoce actualmente el paradero de Jorge Sosa Orantes. Al no haber comparecido nunca ante el tribunal de Ottawa, fue juzgado en rebeldía. En su fallo, el juez Lafrenière escribió que el ex Kaibil había declarado bajo juramento ante el tribunal que residía en Alberta; sin embargo, posteriormente se reveló que ni siquiera se encontraba en Canadá en ese momento. (pp. 117) Técnicamente, Sosa podría ser arrestado por crímenes contra la humanidad si se encontrara en el territorio nacional, pero esto es altamente improbable. Según la directora de ASF Canadá, el gobierno dedicó más de diez años y recursos considerables a un caso de inmigración y ciudadanía. Sería difícil imaginar que el ministro de Justicia considere un segundo arresto en virtud de la ley sobre crímenes de guerra. Si Sosa permanece en el país, es posible que sea expulsado. Esta situación no sería sin precedentes: de hecho, ya había sido expulsado hacia Estados Unidos en 2011. En 1980, se le había denegado el estatus de refugiado, pero en 2008 logró obtener la ciudadanía estadounidense gracias a su matrimonio. Después de que las autoridades gubernamentales estadounidenses descubrieron que había mentido sobre su servicio militar en Guatemala, el Departamento de Justicia decidió acusarlo de fraude y expulsarlo del país. En ese momento, otros dos países habían presentado solicitudes de extradición. Una provenía de España, en el marco de un amplio caso de genocidio instruido ante la Audiencia Nacional española, que, al igual que Canadá, reconocía la jurisdicción universal.[10] La otra provenía de Guatemala. En 2011, Guatemala había nombrado a una nueva fiscal general, Claudia Paz y Paz, dispuesta a procesar casos criminales históricos relacionados con violaciones de los derechos humanos. El primer juicio contra los soldados acusados de la masacre de Dos Erres concluyó el 2 de agosto de 2011 con la condena de cuatro ex Kaibiles: Daniel Martínez, Manuel Pop Sun, Reyes Collin Golip y el teniente Carlos Antonio Carias. Cada uno fue condenado a 30 años de prisión por cada habitante de Dos Erres asesinado (se identificaron 201 víctimas en este caso), lo que suma un total de 6.060 años, por asesinato y crímenes contra la humanidad. Canadá podría haber expulsado a Sosa Orantes a su país de origen para que fuera juzgado por la masacre de Dos Erres. Sin embargo, Canadá decidió extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de fraude, mucho menos graves que los actos que cometió en Guatemala. Condenado por fraude en California en 2014, Sosa Orantes pasó cinco años en una prisión federal estadounidense antes de regresar a Canadá en 2020. Tras la decisión del juez Lafrenière, es muy probable que Sosa Orantes sea trasladado nuevamente, esta vez a Guatemala. Pero el panorama de la rendición de cuentas en este país centroamericano ha cambiado radicalmente desde 2011. La fiscal general Maria Consuelo Porras, en el cargo desde hace ocho años, ha debilitado progresivamente la capacidad del sistema judicial para procesar a antiguos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad por violaciones de los derechos humanos. Porras ha desmantelado el equipo jurídico del Ministerio Público encargado de investigar crímenes contra la humanidad (Fiscalía de Derechos Humanos); ha intimidado, acosado y procesado penalmente a jueces que dictaron sentencias en juicios por violaciones de los derechos humanos; y jueces afines a ella han ordenado la liberación de militares ya condenados por crímenes contra la humanidad.[11] El ataque a la justicia de los derechos humanos en Guatemala ha tenido un impacto directo en el caso Dos Erres. De 2011 a 2018, los tribunales guatemaltecos llevaron a cabo tres juicios contra los presuntos autores de la masacre de Dos Erres. Estos juicios resultaron en la condena de seis ex soldados Kaibil. Pero el 7 de noviembre de 2023, el primer juicio de Dos Erres celebrado desde que Consuelo Porras asumió su cargo como fiscal general concluyó con absoluciones para los tres acusados. Uno de ellos es Gilberto Jordán, quien fue condenado en Florida en 2010 por mentir sobre su papel en la masacre durante su solicitud de ciudadanía, en relación con sus acciones en los servicios militares en Guatemala. En el juicio, como indicaron los fiscales al juez, el ex Kaibil confesó que arrojó a un bebé al pozo al inicio de la masacre y que llevó a decenas de hombres, mujeres y niños para que fueran asesinados allí. Jordán fue condenado a la pena máxima por fraude de ciudadanía estadounidense y cumplió una década en una prisión federal. En 2020, fue extraditado a Guatemala, donde fue absuelto, al igual que sus antiguos compañeros de armas, Alfonso Bulux y José Mardoqueo Ortiz. En mayo, María Consuelo Porras terminará su segundo y último mandato como fiscal general. Dejará atrás un sistema judicial en ruinas y que seguirá siendo abiertamente hostil a los procesos por violaciones de los derechos humanos en un futuro previsible. Si Canadá expulsa a José Sosa Orantes a Guatemala, las probabilidades de su condena en ese país parecen ahora escasas. Canadá: una decepción para la justicia internacional Durante el juicio de Sosa en Canadá, los fiscales del gobierno presentaron argumentos convincentes para probar la culpabilidad del ex Kaibil en atrocidades contra la humanidad. No era necesario presentar cargos para que Canadá le retirara la ciudadanía, pero sí para sacarlo del país. Sin embargo, los abogados presentaron mucho más que un simple argumento de inadmisibilidad. En su alegato final, la fiscal Sonja Pavic destacó ante el juez Lafrenière la importancia de su decisión: “Su decisión tendrá repercusiones en la historia, en las víctimas y en sus familias”. El juez respondió calificando inequívocamente las atrocidades cometidas en Dos Erres como crímenes de lesa humanidad. La Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra otorga exclusivamente al ministro de Justicia de Canadá la decisión de iniciar o no procesos bajo esta ley. Sin embargo, en varias ocasiones, el ministro optó por no iniciar procesos. En el caso de Dos Erres, la decisión de Canadá afectó a Ramiro Osorio: el país que le ofreció refugio tras salir de Guatemala es el mismo país que albergó durante décadas a uno de los asesinos de su familia y que hoy se niega a procesarlo por sus crímenes. No obstante, el fallo Dos Erres también daña el estado de derecho internacional. La persistencia de Canadá en privilegiar sanciones administrativas frente a los presuntos autores de los crímenes más graves debilita la ley, socava las instituciones judiciales y contribuye a la impunidad. Como Estado adherente al principio de jurisdicción universal, Canadá, al abstenerse de aplicarlo ante sus propios tribunales federales, vacía la Ley de Crímenes de Guerra de su alcance y la reduce a una promesa sin efecto. Traducción original por Yohan Leclerc con redacción por el Archivo de Seguridad Nacional * * * * Los documentos estadounidenses publicados hoy fueron obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Todos ellos se utilizaron como pruebas en el caso canadiense de Dos Erres. Los documentos guatemaltecos provienen de la colección de investigación del Archivo. Se obtuvieron a lo largo de los años gracias a su participación en diversas investigaciones y juicios penales de derechos humanos en Guatemala. Los fiscales canadienses utilizaron estos cuatro documentos y otros 23 que les entregaron las autoridades guatemaltecas como pruebas en el caso. Documentos Documentos estadounidenses d1 917s Documento 1 Defense Intelligence Agency, Military Intelligence Summary (MIS), Volume VIII--Latin America, Diciembre 1980, Resumen de inteligencia secreta Dec 1980 La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) publica periódicamente informes de inteligencia con información sobre la estructura y las capacidades de las fuerzas militares extranjeras. En la página seis de este resumen de 1980 sobre el ejército guatemalteco, la DIA proporciona información sobre el centro de entrenamiento de contrainsurgencia Kaibil (rangers), ubicado en La Pólvora, en el Petén. El informe describe cómo cada batallón de infantería de Guatemala cuenta con un pelotón Kaibil, “que puede desplegarse como una pequeña unidad independiente. Estos pelotones se utilizan como cuadro para entrenar a otros reclutas en técnicas y tácticas de insurgencia y contrainsurgencia. La Fuerza Aérea envía personal a la Escuela Kaibil para entrenamiento de supervivencia”. El documento indica que era rutinario que las unidades del ejército guatemalteco tomaran prestados pelotones Kaibil para acciones específicas, tal como lo hizo la Brigada Militar de Poptún durante la operación Dos Erres. d2 917s Documento 2 Defense Intelligence Agency, Army Establishes a Strategic Reaction Force, 19 Noviembre, 1982, Cable confidencial Nov 19, 1982 Menos de un mes antes de la masacre de Dos Erres, la DIA informa sobre la creación de una "fuerza de reacción estratégica" compuesta por 20 instructores de guardabosques Kaibil con base en la Brigada Mariscal Zavala de la Ciudad de Guatemala. Esta unidad especial se formó para llevar a cabo la misión de "desplegarse rápidamente a todo el país para buscar y destruir elementos guerrilleros". El documento indica que la unidad Kaibil quedó bajo el control directo del mando militar central de Guatemala. Afirma: "El gran éxito de la unidad en enfrentamientos previos con el enemigo ha impulsado al Estado Mayor del Ejército de Guatemala (EGU) a asumir el mando y control directo de esta unidad". El documento aclara que esta unidad especial de instructores Kaibil se formó y movilizó apenas unas semanas antes de la masacre de Dos Erres. 3 917s Documento 3 U.S. Embassy in Guatemala, Guatemalan Counter Terrorism Capabilities, 10 Diciembre, 1982, Cable secreto Dec 10, 1982 Días después de la masacre de Dos Erres, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala envía un mensaje a Washington con información sobre la capacidad táctica antiterrorista de la policía y las fuerzas militares guatemaltecas. El cable informa que una unidad Kaibil, con base en el cuartel general de la Brigada Mariscal Zavala, "ha sido desplegada recientemente en el Petén y ahora opera bajo la supervisión de la Brigada Militar de Poptún". 4 917s Documento 4 U.S. Embassy in Guatemala, Alleged Massacre of 200 at Village of Dos R's, Petén, 28 Diciembre, 1982, Cable secreto/Exdis Dec 28, 1982 Mientras surgen noticias sobre Dos Erres, funcionarios estadounidenses investigan el asunto e informan sobre la información obtenida a través de una "fuente confiable de la embajada", quien les indicó que el ejército guatemalteco pudo haber masacrado a 200 aldeanos en Dos Erres. Habitantes de la cercana aldea de Las Cruces informaron a la fuente que una unidad del ejército guatemalteco "disfrazada de guerrilleros" había entrado en el asentamiento de Dos Erres, había reunido a la gente y les había exigido su apoyo. Un aldeano que fue golpeado, pero logró escapar, relató la historia posteriormente a los habitantes de Las Cruces. Al preguntársele repetidamente a quién apoyaba, el hombre respondió: "al ejército", aunque "no está claro cómo supo que los hombres armados eran del ejército disfrazados de guerrilleros", según el cable. Otro testigo afirmó que la aldea estaba completamente desierta y afirmó haber encontrado tarjetas de identificación quemadas en la iglesia local. También afirmó que el ejército regresó a la aldea unos días después y utilizó vehículos militares para trasladar techos y muebles de las casas a la base militar en Las Cruces. La Embajada de Estados Unidos ofrece posibles teorías sobre por qué no se encontraron cuerpos y cómo toda la población de Dos Erres pudo simplemente haber "desaparecido". Una posibilidad era que el ejército hubiera asesinado a todos los habitantes del pueblo y arrojado los cuerpos al pozo. Esto se basó en el testimonio de los lugareños que habían entrado en el pueblo y vieron que el pozo ya estaba tapado, pero temían mirar dentro. El cable, firmado por el encargado de la Embajada, continúa indicando que, debido a la fiabilidad de la fuente y la gravedad de las acusaciones, un funcionario de la Embajada viajará a la zona el 30 de diciembre de 1982 para investigar el asunto personalmente. 5 917s Documento 5 U.S. Embassy in Guatemala, Possible Massacre in “Dos R's”, El Petén, 31 Diciembre, 1982, Cable secreto Dec 31, 1982 El 30 de diciembre, tres miembros de la misión de la Embajada de Estados Unidos y un diplomático canadiense visitaron el pueblo de Las Cruces para investigar las denuncias de la masacre de "Dos Erres". El equipo verificó la existencia de "Dos Erres", señalando que "no era realmente un pueblo ni siquiera una aldea", sino que consistía en "casas o grupos de casas dispersas" que ahora estaban desiertas, muchas de ellas quemadas hasta los cimientos. En el camino, los miembros del equipo de la misión se detuvieron en la Base del Ejército de Guatemala en Poptún, donde hablaron con el oficial de operaciones (S3), quien les informó que la zona cercana a Las Cruces era excepcionalmente peligrosa debido a la reciente actividad guerrillera. Oficiales del ejército explicaron que Dos Erres "había sufrido un ataque guerrillero a principios de diciembre" y que visitar el pueblo representaría un riesgo considerable para ellos. Desde Poptún, los miembros de la misión volaron directamente al pueblo de Las Cruces (siguiendo las indicaciones proporcionadas por su fuente) y luego a Dos Erres. Sin embargo, al llegar, el piloto del helicóptero se negó a aterrizar, pero accedió a sobrevolar la zona a baja altura. Desde esta perspectiva, los funcionarios de la Embajada pudieron observar que las casas habían sido “arrasadas o destruidas por el fuego”. Posteriormente, regresaron a Las Cruces para hablar con los lugareños, incluyendo a un miembro de la patrulla de defensa civil (PAC) local y “un confidente del ejército en la zona”. Este declaró a los funcionarios que el ejército era responsable de la desaparición de las personas en Dos Erres y que le habían ordenado mantenerse alejado de la zona a principios de diciembre, ya que el ejército “iba a realizar una redada”. También confirmó informes previos de que los soldados vestían de civil durante la redada, pero portaban botas de combate militares y rifles Galil identificables. El cable señala que esta información coincide con la de la fuente anterior. Con base en la información obtenida durante su viaje, el cable indica que “la Embajada debe concluir que el más probable responsable de este incidente es el Ejército de Guatemala”. 6 917s Documento 6 Department of State, Bureau of Intelligence and Research (INR), Guatemala’s Guerrillas Retreating in the Face of Government Pressure, 3 Marzo, 1983, Informe secreto Mar 3, 1983 Este informe de inteligencia resume la historia y la situación en 1983 de cada uno de los cuatro grupos insurgentes guatemaltecos y analiza los éxitos militares del presidente Ríos Montt contra ellos y sus seguidores. “A quienes se percibe como no partidarios del gobierno se les responde con la fuerza que se considere necesaria”. En la sección dedicada al grupo armado Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), que operaba en el Petén, los autores del informe estiman que en ese momento solo había entre 150 y 300 combatientes, pero que la inteligencia guatemalteca, no obstante, creía que las FAR, “doctrinalmente marxistas-leninistas, son potencialmente la más peligrosa” de las organizaciones guerrilleras. Para el caso canadiense contra Sosa Orantes, el informe fue útil por la conexión que establece entre una emboscada perpetrada por las FAR contra tropas del ejército en octubre de 1982, en la que murieron más de una docena de soldados, y el ataque a Dos Erres dos meses después. Según el documento, tras la emboscada, “el ejército respondió quemando las casas y los cultivos de dos aldeas cercanas. Las FAR respondieron con un ataque a una aldea vecina. La masacre de la población de Los Dos R’s por parte del ejército se produjo poco después”. Documentos guatemaltecos 7 917s Documento 7 Decreto no. 1782, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, 11 Septiembre, 1968 Sep 11, 1968 Esta edición del Diario Oficial de la República de Guatemala—Centro América (la publicación oficial de los decretos, reglamentos y avisos públicos del gobierno guatemalteco, análogo al Registro Federal de los Estados Unidos) proporciona el marco legal para la estructura, jerarquía y funciones de las fuerzas armadas de Guatemala en 1968. El documento demuestra que el ejército guatemalteco tenía una estructura de mando estrictamente jerárquica y se ajustaba a reglas detalladas con respecto a todo, desde el entrenamiento, el reclutamiento, los ascensos y los premios, hasta los salarios de los soldados y los beneficios de vacaciones. Según el decreto, la estructura del ejército estaba organizada de arriba a abajo: desde el Comandante General (Presidente o Jefe de Estado), el Ministro de la Defensa Nacional, el Viceministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, hasta los Estados Mayores Especiales y Personales, los Comandos Militares, los Servicios Militares, los Centros de Educación e Instrucción y otras dependencias. Juntos, el Comandante General, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor del Ejército constituían el Alto Mando (Artículo 12). Los miembros del ejército, con instrucciones de ser "obedientes" (Artículo 7), incluían oficiales, tropas y "especialistas", civiles que buscaban empleo en la institución en su campo de especialidad (Capítulo XXI). El decreto también indicaba que el país estaba dividido en Zonas Militares y Bases Militares. Si bien la Ley Constitutiva del ejército sufrió reformas y pequeños cambios ocasionales, se mantuvo esencialmente igual entre 1944 y 1985. Para el caso canadiense contra Jorge Sosa Orantes, este documento fue útil porque evidencia la naturaleza institucional, jerárquica y altamente regulada del ejército guatemalteco en el momento de la masacre de Dos Erres. 8 917s Documento 8 Manual de Guerra Contrasubversiva, [Marzo 1978] Mar 1978 El Manual de Guerra Contrasubversiva fue elaborado por el Centro de Estudios Militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército en 1978 (con ediciones posteriores publicadas periódicamente). Escrito con fines de entrenamiento, constituyó la doctrina militar definitiva sobre operaciones militares en guerra no convencional en aquel momento. El Manual estableció las políticas, directivas, directrices y definiciones fundamentales que debían cumplir los soldados para llevar a cabo la campaña de contrainsurgencia y brindó instrucciones tácticas extensas y detalladas aplicables a los diversos escenarios de combate que pudieran enfrentar. En un capítulo inicial, se aclaró que todas las decisiones sobre acciones militares debían tomarse dentro del contexto de la jerarquía institucional de las fuerzas armadas: “Es fundamental que los canales de autoridad en todos los escalones sean claramente definidos” (8). El Manual se creó en las primeras etapas de una ola de intensa violencia y operaciones de tierra arrasada por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas que duró siete años (1978-1985), alcanzando su punto máximo en 1982, año de la masacre de Dos Erres. El documento revela la amplia preparación del ejército guatemalteco para la guerra contrasubversiva años antes de Dos Erres, y describe la estrategia básica, la autoridad de mando y los conceptos operativos que aún estaban vigentes cuando los Kaibiles entraron en el pequeño asentamiento de El Petén el 6 de diciembre de 1982 y masacraron a sus residentes. Sus preceptos ayudan a explicar cómo se crearon las condiciones para las operaciones de tierra arrasada dirigidas contra la población civil. El Manual establece, por ejemplo, que el objetivo de las operaciones contrasubversivas (a diferencia de la guerra convencional) es destruir al enemigo interno, definido como “seguidores del comunismo internacional”, pero también “individuos, grupos u organizaciones que no son comunistas pero que intentan romper el orden establecido...”. Era una categoría tan amplia que otorgaba al ejército la máxima flexibilidad para atacar a quienes percibían como una amenaza. Según el Manual, la guerra contrasubversiva era “total, permanente y universal” y consideraba a los civiles como un peligro potencial, “porque... la población se convierte [por las guerrillas] en un objetivo y un entorno en el que desarrollan sus actividades” (554). El Manual también estableció el sistema que el ejército utilizaba para dividir el país en “tres clases de zonas”, según el nivel de penetración subversiva y la amenaza al orden establecido: “las rojas, en donde el movimiento subversivo controla efectivamente la población y desarrolla operaciones de guerrillera; las rosadas, en las que trata de extender su movimiento, haciendo algunos esfuerzos por organizar a la población y ejecutando algunas operaciones de guerrilla…; [y] las blancas, no afectadas todavía, pero ya amenazadas…” (78). El sistema de clasificación militar perduró durante todo el conflicto armado y tuvo implicaciones directas para Dos Erres, que el ejército consideraba una zona roja. El Manual era claro al describir cómo el ejército debía manejar una “zona roja”: el objetivo era la “destrucción o expulsión de elementos armados subversivos” (81). Anticipando las tácticas utilizadas en Dos Erres, el Manual promovía el cerco del área objetivo, de preferencia en la noche para mantener el factor sorpresa, y luego la ofensiva. “El círculo constituye el procedimiento ideal para contener una fuerza guerrillera identificada; luego viene la destrucción” (617). El Manuel reconoció el probable desenlace que traerían las acciones contrasubversivas dentro de las zonas rojas: “Siendo las operaciones durante este primer paso principalmente de naturaleza militar, es inevitable que ocasionen estragos…” (82). 9 917s Documento 9 Plan de Campaña Victoria 82, 16 Junio, 1982 Jun 16, 1962 El Plan de Campaña Victoria 82 es un documento elaborado por el ejército bajo el mando del general Efraín Ríos Montt, que dirige a sus oficiales a lanzar una serie de operaciones de contrainsurgencia en puntos estratégicos del país. Representó el eje central de la estrategia de contrainsurgencia del ejército guatemalteco durante el gobierno de Ríos Montt. Es clave para comprender cómo las fuerzas armadas pretendían gestionar el conflicto durante 1982: mediante una combinación de ataques militares en zonas rurales donde operaban los combatientes guerrilleros, operaciones antiterroristas dirigidas a los líderes de la insurgencia en la Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos, y acciones cívicas diseñadas para ganarse el apoyo de la población civil. Fue un documento importante para el caso canadiense contra Sosa Orantes, ya que evidencia que, al momento de la masacre de Dos Erres, las fuerzas armadas guatemaltecas operaban en todo el país bajo las órdenes del Estado Mayor del Ejército, con una cadena de mando sólida y eficaz, y requisitos de información bien definidos. El Plan Victoria es una prueba de que las fuerzas especiales Kaibil que entraron en Dos Erres el 6 de diciembre de 1982 no eran una unidad rebelde que mataba gente por deporte, sino parte de una estrategia militar nacional planificada. Del Plan Victoria se desprende claramente que las operaciones militares dentro del Petén —y específicamente en la región que abarca Dos Erres— se consideraban parte integral del asalto contrainsurgente de Ríos Montt. Entre los mapas superpuestos a los que se hace referencia en la primera página del Plan se encuentra La Libertad, el municipio que incluía Dos Erres, y su destacamento militar más cercano, Las Cruces, lo que indica que el ejército lo consideraba una prioridad. La Brigada Militar “General Luis García León” (GLGL) en Poptún (posteriormente conocida como Zona Militar 23) es uno de los comandos designados por el Plan para recibir cinco compañías de fusileros adicionales (1000 soldados) para el aumento previsto de efectivos (144). El Estado Mayor del Ejército también asignó a la Brigada GLGL raciones militares adicionales, uniformes, armas y municiones para su uso en el asalto (168). La Base Aérea Santa Elena en Flores, Petén, recibió la orden de proporcionar apoyo táctico y logístico, no solo a la Brigada GLGL, sino también “para las diferentes actividades realizadas en la Escuela Kaibil” (70). El Plan Victoria estableció responsabilidades de mando a nivel de brigada en las “Áreas de Operaciones” asignadas. Los comandantes tenían libertad para adaptar sus operaciones dentro de su área de responsabilidad “de acuerdo con la inteligencia y la situación real”. Al mismo tiempo, el Plan exigía que los comandantes coordinaran sus movimientos en todo momento. Recordaba a los jefes de unidad su obligación de informar sus planes al Ministerio de Defensa de forma regular y programada, y les ordenaba “mantener comunicación permanente con el Estado Mayor del Ejército”. Estas y otras órdenes relativas a los requisitos de información y transmisión de las unidades indican que el Alto Mando probablemente estaba al tanto de los movimientos y operaciones de las tropas durante los asaltos de contrainsurgencia en tiempo real. En resumen, el Plan Victoria deja claro que la unidad de fuerzas especiales Kaibil que perpetró la masacre en Dos Erres (con el apoyo de la Brigada Militar GLGL, o Zona Militar 23) lo hizo bajo órdenes de sus superiores y en comunicación constante con el Estado Mayor del Ejército en Ciudad de Guatemala. El documento elimina la posibilidad de que la masacre fuera un encuentro impulsivo o no planificado. d10 917s Documento 10 Plan de Campaña Firmeza 83-1 y Anexo “1” (Inteligencia), [Agosto 1983] Aug 1983 Estos son dos documentos: el primero es una copia parcial del Plan de Campaña “Firmeza 83-1”, un suplemento al Plan de Campaña original “Firmeza 83”.[12] Si bien el Plan hace referencia en varias ocasiones a la necesidad de “normalizar” la institución militar tras el despliegue masivo de 1982 (mediante el retorno de las tropas temporales a sus unidades de origen), se ordena, no obstante, a los soldados mantener la presión sobre la guerrilla. Estos deben “localizar y destruir a las fuerzas enemigas con toda su fuerza y ​​capacidad militar, apoyando sus operaciones con el mayor número de elementos de las PADCIL [Patrullas de Autodefensa Civil], con el fin de arrasar los cultivos colectivos que los subversivos poseen en determinadas zonas donde han logrado la plena participación activa y la colaboración de aldeas comprometidas que simpatizan con los subversivos y han sido organizadas por ellos” (4). Al igual que el Plan de Campaña “Victoria 82”, Firmeza 83-1 insistió en que el Estado Mayor de la Defensa Nacional controlara los acontecimientos militares en el terreno, exigió informes periódicos de los jefes de unidad al Alto Mando y ordenó que todas las comunicaciones, informes y solicitudes de apoyo se canalizaran a través del Centro de Operaciones Conjuntas (COC), con sede en la Ciudad de Guatemala. Estas directivas recuerdan que las operaciones de contrainsurgencia en todo el país fueron ordenadas, supervisadas y monitoreadas en todo momento por el Alto Mando de las fuerzas armadas. Pero Firmeza 83-1 también representó la evolución de la estrategia de contrainsurgencia del gobierno a mediados de 1983. Mientras que Victoria 82 hacía hincapié en las operaciones de combate para perseguir y "eliminar" a las fuerzas guerrilleras y a sus supuestos colaboradores civiles, Firmeza 83-1 refleja una creciente frustración ante el fracaso de la acción militar por sí sola para sofocar la insurgencia. El plan afirma que el combate con un enemigo persistente había provocado un "agotamiento prematuro" entre las tropas gubernamentales; subraya la necesidad de un "control físico y psicológico" de la población civil para aislar a los guerrilleros; y ordena a los comandantes locales que estimulen a las patrullas de defensa civil de las aldeas a "colaborar al máximo en la destrucción y aniquilación de los grupos subversivos", como una forma de involucrar a los civiles en la lucha. El Plan de Campaña "Firmeza 83-1" fue significativo para el caso de Canadá contra Jorge Sosa Orantes porque describe la continuidad y la progresión lógica de las operaciones de contrainsurgencia del ejército después de la masacre de Dos Erres. El segundo documento, el Anexo “1” (Inteligencia), es un resumen de la inteligencia militar sobre la fuerza de combate de la guerrilla. En la sección relativa a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la organización insurgente que operaba en el departamento norteño de El Petén, donde se ubicaba Dos Erres, se describe a las FAR como la organización que llevó a cabo una intensa labor política y militar en toda la región entre 1979 y 1982. En particular, las FAR lograron emboscar a una patrulla militar de la base de Poptún, matando a soldados y apoderándose de casi dos docenas de armas, municiones y otros equipos, lo que el documento denomina “el golpe más duro contra el Ejército guatemalteco”. La muerte de los soldados y el robo de sus fusiles se han considerado uno de los motivos de la decisión del ejército de enviar a los Kaibiles a Dos Erres. Documentos judiciales a11 917s Documento 11 Minister of Citizenship and Immigration and Minister of Public Safety and Emergency Preparedness vs. Jorge Vinicio Sosa Orantes Feb 5, 2026 Esta es la sentencia dictada por el juez Roger R. Lafrenière el 5 de febrero de 2026, que determinó que Sosa obtuvo la ciudadanía canadiense mediante declaraciones falsas o fraude. Asimismo, se le declaró inadmisible en Canadá por violar los derechos humanos o internacionales al cometer un acto fuera del país que constituye un crimen de lesa humanidad. d12-1 917s Documento 12-1 [Resolution in the Guatemalan Trial of Three ex-Kaibiles for the Dos Erres Massacre]. Part 1/2 Nov 7, 2023 En 2023, un tribunal guatemalteco declaró inocentes a tres exmiembros de Kaibiles —Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz Morales y Alfonso Bulux Vicente— de los cargos de asesinato y crímenes de lesa humanidad cometidos en la masacre de Dos Erres. Este fallo supuso la primera absolución en Guatemala para acusados ​​de participar en la masacre y representó un retroceso significativo en los esfuerzos por obtener justicia para las víctimas y sus familiares. d12 917s Documento 12-2 [Resolution in the Guatemalan Trial of Three ex-Kaibiles for the Dos Erres Massacre]. Part 2/2 Nov 7, 2023 Véase la descripción del documento 12-1. Notes [1] Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala: Memoria del Silencio (Nueva York: UNOPS, 1999), “Conclusiones y Recomendaciones” [2] CEH, Tomo VI, Anexo I, Caso Ilustrativo No. 31, “Masacre de las Dos Erres.” Ver también Inter-American Court of Human Rights, Case of the “Las Dos Erres” Massacre v. Guatemala, 29 November 2009 [3] Relacionado con el testimonio de la perito Dra. Elizabeth A. Oglesby pp 65-72 [4] Relacionado con el testimonio del experto Grl. (jubilado) Rodolfo Robles, pp 72-79 [5] Relacionado con el testimonio de la experta Kate Doyle, pp 79-89 [6] Relacionado con el testimonio de la experta Dra. Silvana Turner, pp 89-95 [7] Testimonio de Fabio Pinzón, pp 95-103 [8] Testimonio de Ramiro Osorio Cristales, pp 103-106 [9] El artículo de Lafontaine se titula “The Unbearable Lightness of International Obligations: When and How to Exercise Jurisdiction Under Canada’s Crimes Against Humanity and War Crimes Act” [10] En 2014, el Parlamento español (Las Cortes Generales) aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que eliminaron efectivamente la jurisdicción universal, anulando así la solicitud de extradición de Sosa Orantes. [11] La propia Porras ha sido designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “actor corrupto y antidemocrático” y fue sancionada tanto por Estados Unidos como por Gran Bretaña. [12] A la copia le faltan secciones. Falta la página 24 (parece ser la primera página del Anexo “A”, Organización para el Combate), y solo se incluyen tres de los nueve Anexos enumerados al final del documento: Anexo “A”, Anexo “F” (Plan de Operaciones Psicológicas) y Anexo “G” (Plan de Asuntos Civiles). No se incluye ninguno de los cinco Apéndices enumerados al final del document

As Latin America Looks To El Salvador's Success Against Gangs, Critics Point To Deals With the Devil

As Latin America Looks to El Salvador’s Success Against Gangs, Critics Point to Deals With the Devil EL SALVADOR Tourists now throng El Tunco beach on the Pacific Ocean in El Salvador, a change from only a few years ago, when gangsters robbed or extorted visitors seeking sun and waves. The shift happened after hardline President Nayib Bukele declared war on his country’s gangs and locked up tens of thousands of suspected members. As a result, 4.1 million tourists visited the Central American country last year, 60 percent more than in 2019 – before Bukele assumed office – lured by the country’s beaches, volcanoes, lush forests and archeological sites. Recently, as part of this “tourism boom,” some visitors came to see blockbuster singer Shakira, who held five concerts in the capital, San Salvador, as part of Bukele’s efforts to rebrand the once-violent country. “El Salvador is changing and Central America too,” the president wrote on X, where he regularly posts videos of surfers riding giant waves in the Pacific. However, the drop in crime could be celebrated without hesitation if Bukele hadn’t flung aside human rights in his state of emergency and crackdown to achieve it, say observers. In the mid-2010s, homicide rates in El Salvador topped 100 per 100,000 people, a rate commensurate with war zones. Today, they have decreased by 98 percent. In between, Bukele has locked up 91,000 people, reported the Associated Press. About 8,000 innocent individuals have since been released. Many of those people were imprisoned without due process, including without access to a lawyer. Hundreds have died before their day in court. Journalists who have attempted to document the situation have fled the country, too, according to author and journalist Ioan Grillo, who tracks narco-crime in the region. A group of prisoners’ relatives said Shakira’s “Women No Longer Cry” tour was being used by Bukele to “cover up injustice and his reprehensible acts.” “In El Salvador, women, mothers and relatives of innocent victims who suffer imprisonment, torture, and death, forced evictions, persecution, and rigged trials also weep,” they wrote in an open letter to the singer. Still, the results of Bukele’s crackdown have made the president popular at home. “The people want it,” said Salvadoran Vice President Félix Ulloa in a recent interview. “They feel protected.” The crackdown has also led other countries in the region struggling to contain criminal gangs, such as Costa Rica and Honduras, to consider implementing such measures. Recently, Bukele visited Costa Rica after being invited by President Rodrigo Chaves for the groundbreaking of a new prison inspired by the 40,000-capacity Terrorism Confinement Center (CECOT) in El Salvador, which Bukele built to house gang members. “(It’s) a radical change,” López, a 44-year-old engineer who came from Limón, a Caribbean port in Costa Rica battered by drug traffickers, told Costa Rica’s Tico Times. “We’d like to take this step.” But while the Salvadoran president appears to have triumphed over gangs, World Politics Review posited that his security forces deserve less credit for the drop in crime than he might want his constituents to believe. Rather, Bukele had reached a détente with the most powerful gang leaders, granting them prison privileges in exchange for reducing violence. In fact, American officials slapped sanctions on Bukele’s prisons chief for working with organized crime to sell Covid-19 relief aid on the black market, Reuters noted. Honduras tried to copy Bukele’s state of emergency and harsh anti-crime measures but failed to achieve the same results, El País wrote. The experience suggests gang crackdowns in Central America may not work as well as supporters of the strategy hope, except in regions where authorities have reached accords with gangs to maintain local security. The security achieved by El Salvador has not brought much in the way of peace dividends either. Poverty remains endemic while living costs have steadily risen, despite Bukele’s efforts to leverage cryptocurrency to expand the economy. Bukele says it’s just a matter of time before the economy improves. He also dismisses criticism of his methods, saying the results were worth it. “I don’t care that they call me dictator,” he said last year. “I prefer they call me dictator than see how they kill Salvadorans in the streets. … Salvadorans can finally live in peace. Let them keep arguing semantics, we’re going to continue to be focused on results.”

Argentina: Probe Finds $5 Million Deal Linked To Milei

Argentine Probe Finds Alleged $5 Million Deal Linked to Milei in Crypto Scandal ARGENTINA Argentina Argentine investigators this week uncovered new evidence allegedly linking a $5 million deal to President Javier Milei in the $LIBRA cryptocurrency scheme that saw thousands of investors lose more than $250 million, Merco Press reported Monday. The controversy began in February 2025 when Milei promoted $LIBRA, a digital asset, on social media as part of a project to encourage investment in Argentine businesses. The asset’s price briefly surged after his endorsement but collapsed within hours, leaving tens of thousands of investors with heavy losses. Judicial investigators over the weekend recovered a draft note, among several others, from the phone of businessman Mauricio Novelli, an intermediary between the asset’s promoters and Milei’s office, which outlined the purported multimillion-dollar agreement in exchange for the president’s backing. While observers said that Novelli’s notes do not prove that Milei accepted or signed the agreement or received any payment, the new evidence strengthens the bribery hypothesis in a case authorities have described as a possible transnational fraud scheme. Authorities said there is still no public proof that such an agreement was formally validated by the government. They said that the note was written between October and November 2024, before businessman Hayden Davis – who was linked to the crypto venture – traveled to Argentina. The digital asset, or token, was launched on Feb. 14, 2025. According to the note, the arrangement involved a $1.5 million advance payment, another $1.5 million after Milei announced online that Davis and his associates are his advisors, and an additional $2 million linked to a proposed in-person advisory contract with Milei on blockchain technology. Phone records also showed that dozens of calls and messages were exchanged between Novelli and Milei during the launch of the token, authorities said. Only a small group with early or privileged access made millions off its launch, officials said last year. Milei later distanced himself from the project, saying he had found online the contract code needed to buy $LIBRA and simply posted it on X. But computer specialists called by Argentina’s Congress said the code was not available online when Milei posted it. A lower house investigative commission concluded in November that Milei provided “essential collaboration” to the project and said that Congress should consider whether he committed misconduct in office, potentially opening the door to impeachment proceedings. However no timetable has been set for further action, and political observers say the case is unlikely to advance.

Thiusands Rally Across Brasil In Support of Former President Bolsonaro

Thousands Rally Across Brazil in Support of Jailed Former President Bolsonaro BRAZIL Brazil Thousands of supporters rallied across Brazil over the weekend in support of former right-wing president, Jair Bolsonaro, in an effort to build support for his son ahead of October’s presidential elections, the Associated Press reported. Demonstrations took place in São Paulo, Rio de Janeiro and the capital, Brasília, with protesters draped in the yellow and green of the national flag, calling for Bolsonaro’s release and denouncing leftist President Luiz Inácio Lula da Silva. Signs reading “Free Bolsonaro” and “Get out Lula” were visible, along with hats declaring support for the jailed president’s son, Flávio Bolsonaro. Brazil’s right is looking to unify after Bolsonaro anointed Flávio, a Rio de Janeiro senator, as his political heir in December. The former president is serving a 27-year prison sentence for charges linked to a failed coup plot following his 2022 re-election loss to Lula. The decision to name Flávio as heir to the right-wing movement initially triggered mixed reactions within the Bolsonaro family and the broader conservative camp, with two governors launching their own presidential bids, according to Agence France-Presse. Bolsonaro said in a note from prison that he regrets “the criticism coming from the right itself” and urged allies to avoid internal divisions. While initially reluctant, Flávio has embraced the candidacy and sought to present a united front. Appearing alongside potential rivals, he told supporters that the Oct. 4 elections “will be decisive,” adding that the conservatives are “one ste

Brasilian Politicians Sentenced To More Than 76 Years In Prison For Ordering A Rio de Janeiro Counselor's Murder

Brazilian Politicians Sentenced to More than 76 Years for Ordering Councilor’s Murder BRAZIL Brazil Brazil’s Supreme Court on Wednesday sentenced two politician brothers to 76 years and three months in prison after finding them guilty of ordering the 2018 assassination of Rio de Janeiro city councilor Marielle Franco, closing a high-profile case that exposed ties between politicians and the mafia, the Washington Post reported. Observers noted that the court’s verdict established a political motive tied to militia-linked land interests. The court said the assassination laid bare how criminal groups can shape local politics through territorial control, intimidation and corruption. The court found former congressman João Francisco Inácio Brazão, known as Chiquinho Brazão, and his brother Domingos Inácio Brazão guilty of attempted homicide, double homicide and criminal organization. Two military police officers were also found guilty of assisting in the planning and logistics of the killing, while former Rio police chief Rivaldo Barbosa was sentenced to 18 years for obstruction of justice and passive corruption. Franco, 38, who was also a human rights activist, was returning from an event with Black women leaders on March 14, 2018, when gunmen in another vehicle opened fire on her car with submachine guns. Franco and her driver Anderson Gomes were killed instantly. Justice Alexandre de Moraes said Franco had challenged land-grabbing operations and housing developments in areas under the brothers’ influence. The brothers “didn’t just have contact with the militia. They were the militia,” he said. Prosecutors also claimed that the militia engaged in crimes such as extortion, territorial control and the exploitation of illicit markets such as “charging residents fees for ‘security’ services,” illegally distributing cable TV signals and monopolizing electoral campaigning “by excluding rivals.” The Supreme Court’s ruling comes after the 2024 confession of Ronnie Lessa, a former military police officer and militia member, who confessed to pulling the trigger and said the Brazão brothers were behind Franco’s murder. Lessa was sentenced to 78 years for double homicide, attempted homicide and receiving stolen property, including the vehicle used in the crime. Defense attorneys denied the brothers’ involvement and dismissed Lessa’s confession. Franco’s sister, Anielle – who serves as minister of racial equality in President Luiz Inácio Lula da Silva’s government – welcomed the ruling, saying it had “honored the memory of Marielle and Anderson” and marked “a new historic chapter” in confronting political violence “based on gender and race,” the BBC added.

Peru's President Ousted After Four Months

Peru’s President Ousted After Four Months in ‘Express Impeachment’ PERU Peru Peru’s interim President José Jerí was ousted by Congress after four months in office over a scandal related to secret meetings with Chinese businessmen, deepening political instability before the April 12 general election, the Guardian reported. Lawmakers on Tuesday approved an “express impeachment” by a vote of 75 to 24. Jerí took office after the impeachment of his predecessor, Dina Boluarte, in October for “permanent moral incapacity.” Jerí was Peru’s eighth president since 2016, the fourth consecutive one to be removed and the latest in a long line of leaders who have been embroiled in scandals, removals and resignations. On Wednesday, lawmakers picked left-wing lawmaker and former Supreme Court judge José María Balcázar as the interim president to replace Jerí, CNN reported. The scandal that led to Jerí’s downfall, dubbed “Chifa-gate” – after the name for Peruvian food with Chinese roots – began with revelations that the president had recently held unofficial meetings with Zhihua Yang, a Chinese businessman who holds a state-granted concession for one of his companies. Another Chinese citizen present at one meeting, Ji Wu Xiaodong, is accused of belonging to an illegal timber-trafficking network known as Los Hostiles de la Amazonia and had been under house arrest for two years. Neither meeting was registered in official presidential records. Jerí acknowledged the encounters last month and apologized for how they were conducted. However, he denied any wrongdoing and called the meetings “circumstantial.” Still, prosecutors launched a preliminary investigation into alleged influence-peddling linked to the meetings. Observers explained that the episode unfolded amid rising diplomatic friction between the United States and China over Lima’s economic ties with Beijing. The US said last week it was “concerned” about reports that Peru could be powerless to oversee the port of Chancay, which is ...

Colombia Accepts Rebel Group's Proposal To Allow Independent Probe Into Alleged Drug Links

Colombia Accepts Rebel Group’s Proposal to Allow Independent Probe Into Alleged Drug Links COLOMBIA Colombia Colombian President Gustavo Petro accepted a proposal by the country’s largest rebel group to allow an independent commission to investigate its alleged links to drug trafficking, removing a key obstacle that derailed peace talks last year, the Associated Press reported. The proposal came in a Jan. 20 video by Antonio Garcia, leader of the National Liberation Army (ELN) rebel group, who said the rebels impose a tax on cocaine traders but do not run trafficking routes or cocaine labs. Garcia challenged the government to authorize an independent verification process. While accepting the proposal on Sunday, Petro said the body verifying the claims should be “scientific and independent of governments” and deliver its findings to the United Nations. He also urged the ELN to support efforts to replace coca crops in the northeastern Catatumbo region. The move comes weeks after Colombia and the United States agreed to joint military and intelligence action against the country’s criminal groups. Petro has long accused the ELN leadership of being “drug traffickers dressed up as guerrilla fighters,” and this allegation has led to stalled peace talks during the first two years of his administration. Talks collapsed last year after the ELN launched an offensive in Catatumbo that killed dozens and displaced more than 50,000 people. Founded in the early 1960s, the ELN has about 5,000 fighters in Colombia and neighboring Venezuela. Its influence has expanded along the Venezuelan border since another major Colombian guerrilla group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), disbanded in 2017 following a peace deal. The ELN said in January it would like to work toward a “national accord” to resume negotiations, but Petro has insisted talks will only restart if the group abandons drug trafficking. Earlier this month, Colombia’s most powerful criminal group, the Gaitanist Army of Colombia (EGC), suspended peace talks after reports that authorities would target its top leader. Observers noted that the renewed US-Colombia push complicates Petro’s “Total Peace” strategy, which seeks negotiated settlements with armed groups.

Panama Canal Becomes 'A Blueprint For Ejecting China From Latin America

Panama Canal Becomes a ‘Blueprint’ for Ejecting China from Latin America PANAMA Panama In 1997, Panama issued the first of two 25-year licenses to a subsidiary of Hong Kong-based CK Hutchison Holdings, giving the firm control of ports on both sides of the Panama Canal – a move critics say expanded China’s strategic footprint in the waterway. Since then, American leaders, especially President Donald Trump, have sounded alarm bells over China’s influence in the region. In his inauguration speech last year, for instance, Trump vowed to take back the canal that the US transferred to Panama in 1999 and has put the Central American country under pressure ever since. The canal is a “hinge point” in the new world order that Trump is seeking to create. The American invasion of Venezuela last month was a major milestone in that plan. A second came in late January when Panama’s Supreme Court invalidated the two agreements on constitutional grounds in a case filed by the government three days after CK Hutchison refused to sell its port operations. Analysts say Panama is a warning to the rest of the Americas – get ready to be caught between the US and China. “It is hard to imagine that any of this would have happened without the pressure applied by the United States,” the Economist said. The capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro and ominous threats over Greenland’s sovereignty grab the world’s attention, but the squeeze that Mr. Trump has put on Panama is more relevant for the rest of the Americas. Panama could become a blueprint. Small countries are vulnerable.” In the case, plaintiffs said the licenses were bad for the country. Since CK Hutchison Holdings began operating the ports, the Panamanian government has lost $1.3 billion in revenues, which are vital to the local economy, the Wall Street Journal reported, noting that 5 percent of global trade and 40 percent of US trade pass through the canal. The court’s decision was a big win for Trump. Chinese officials described it as “political backstabbing” and a “legal absurdity,” wrote Agence France-Presse. CK Hutchison Holdings has initiated arbitration proceedings, but Panamanian officials have yet to confirm whether they will join. The canal is extremely important for Chinese exporters who would lose significant margins if they had to transport their goods around South America rather than cutting through the canal to the Caribbean and the US. The Panama case may serve as a model for other Latin American countries facing US pressure to reduce Chinese influence. In 2021, similar pressure persuaded Chile to terminate a contract with a Chinese-German consortium managing its passports. Still, China controls about two-thirds of Chile’s energy sector. Currently, Peru is in Washington’s sights because of a $1.3 billion Chinese-built megaport in Chancay. The Trump administration last week expressed concern that China was costing Peru its sovereignty by solidifying control over the South American nation’s critical infrastructure after a Peruvian court ruling restricted a local regulator’s oversight of the port. “The…port …has become a symbol of China’s foothold in Latin America and a lightning rod for tensions with Washington,” wrote Houston Public Media. The Chinese government strongly rejected the US comments on the port issue. China, since the 1990s, has been steadily increasing its influence in South and Central America. Currently, China is the top trading partner for South America and is becoming the largest for Latin America as a whole, wrote the Conversation. It is also a major source of foreign direct investment and infrastructure lending for the region. However, Chinese investments also tend to focus on areas that give Beijing control over a country’s critical infrastructure such as the Peruvian port, as part of its Belt and Road Initiative. Meanwhile, Chinese diplomats said they would force Panama to pay a “heavy price” for its actions vis- à-vis the Panama Canal. Analysts say arbitration will be costly, but other measures from China could include cutting financing to the country. Meanwhile, Panama’s investment credentials could also take a hit. Still, Panamanian President José Raúl Mulino stuck to his guns, saying the Chinese would need to accept the decision because his country respected the rule of law, according to Al Jazeera. “Panama is a dignified country and will not allow itself to be threatened by any country on earth,” Mulino said recently. However, last year, many Panamanians expressed similar sentiments toward what they perceived as US interference, angry at the bullying from the behemoth to the north. Still, Amalendu Misra, professor of international politics at Lancaster University, says the Panamanian Supreme Court decision is a warning to China and countries in the region. “(Chinese companies may) come to realize with the Panamanian Supreme Court verdict that there is nothing that China can do if your investment goes down the drain,” Misra told France24. “Many Latin American and Central American countries are going to become stronger now by taking this example, by saying no to Chinese control of their resources, their ports and other things.”

Argentina's Upper House Approves Milele's Labor Overhauls Amid Mass Potesta

Argentina’s Upper House Approves Milei’s Labor Overhaul Amid Mass Protests ARGENTINA Argentina Argentina’s Senate on Thursday approved President Javier Milei’s sweeping labor reforms bill after a marathon debate amid mass protests outside Congress, handing the libertarian leader a crucial victory in his economic overhaul program, the Associated Press reported. In a 42-30 vote, senators backed the bill after 13 hours of debate, sending it to the lower house for further discussion next month, where amendments could still be introduced or reversed. The reforms – considered central to Milei’s shock therapy program – expose deep political and social divisions over workers’ rights and economic policy. The changes will lower employers’ costs, ease severance obligations and extend trial periods for new hires. The reforms will also curb the right to strike and allow collective bargaining at the company level. Milei’s administration made 28 concessions to secure support, including removing a proposal to lower employers’ income taxes that would have reduced provincial revenue, according to Bloomberg. Some provisions that threatened union finances were also watered down. The vo

Colombia: Prosecutors To Charge National Oil Company Chief For Corruption In Probe Linked To President

Colombian Prosecutors to Charge National Oil Company Chief for Corruption in Probe Linked to President COLOMBIA Colombia Colombia’s attorney general will file corruption charges against the president of the national oil company Ecopetrol for alleged violations of campaign spending limits when he was running Gustavo Petro’s 2022 presidential campaign, the Associated Press reported. The state oil company’s president, Ricardo Roa, managed Petro’s finances during his ultimately successful bid to become Colombia’s first leftist president four years ago. He was appointed a year later to lead the oil company. Prosecutors said on Monday that they had evidence that Roa helped the Petro campaign illegally exceed spending limits. Authorities are also investigating him for alleged influence peddling linked to the purchase of an apartment in Bogotá from an oil executive, Bloomberg reported. They also allege that Roa steered Ecopetrol contracts to the executive’s firm in exchange for the apartment. Roa has denied the allegations. Even so, Colombia’s National Electoral Council fined him and two other campaign administrators for funding Petro’s campaign with money from illegal sources and exceeding spending limits by more than $1.4 million. The controversy surrounding Petro’s presidential campaign began in 2023, when a lawyer representing a government contractor with alleged ties to a paramilitary group said his client donated thousands of dollars to the campaign. That same year, Petro’s son, Nicolás Petro, told prosecutors that his father’s campaign had used money from a former drug trafficker. Nicolás is currently under investigation for money laundering. The president has denied the accusations and labeled them as part of an effort to undermine his administration. Roa’s investigation comes as Colombians are heading to the polls later this year to elect a new president and Congress. Petro is constitutionally barred from seeking reelection.

U.S. Military Is Doing Something HUGE with Cuba

Venezuela Leader Approves Privatization Of Oil, Proposes Amnesty Bill

Venezuelan Leader Approves Privatization of Oil, Proposes Amnesty Bill VENEZUELA Venezuela Venezuela’s acting President Delcy Rodríguez this week approved a law that would open the country’s oil sector to private investment, acceding to the US’ demands less than a month after the seizure of President Nicolás Maduro in a US military attack, the Associated Press reported. The law ends the two-decade Venezuelan state monopoly over the country’s oil sector. The approval prompted the US to lift certain sanctions on Venezuela, with the aim of luring foreign capital to revive output from the world’s largest proven crude reserves. The shift marks a sharp departure from policies under former president Hugo Chávez, who used oil windfalls to fund expansive social programs. But falling oil prices, mismanagement and later US sanctions eroded production and profits, leading to a deep economic crisis by 2013. Separately, Rodríguez on Friday unveiled a general amnesty bill that could free hundreds of political prisoners, in another move to advance a cautious reset with Washington, CBS News reported. The proposal has long been sought by the US-backed opposition, with its leader María Corina Machado saying the bill was not announced “voluntarily, but rather in response to pressure from the US government.” Rodríguez said that the ruling party-controlled parliament would take up the bill and framed the measure as an effort to “heal the wounds left by the political confrontation fueled by violence and extremism.” The government has not published the text of the bill, prompting questions about who is eligible under the general amnesty. The proposed legislation would cover “the entire period of political violence from 1999 to the present,” according to Rodríguez. It would not apply to individuals convicted of murder, drug trafficking, corruption or human rights violations. Rodríguez also announced the closure of Helicoide, a Caracas detention center long linked to torture allegations, saying it would be converted into a sports and cultural complex. According to the Venezuelan-based human rights group Foro Penal, around 711 people remain detained for political activities. Since Maduro’s capture, Caracas has released more than 300 detainees, according to the watchdog group. On Saturday, Laura Dogu, the chief US diplomat to Venezuela, traveled to Caracas to meet Venezuelan officials, as part of the Trump administration’s efforts to reopen the US embassy there for the first time in nearly seven years, CNN wrote. Venezuelan Foreign Minister Yván Gil said upcoming talks were aimed at charting a roadmap on bilateral issues and resolving differences “through diplomatic dialogue and on the basis of mutual respect and international law.”

Venezuela Has Had Enough Of US Orders

Venezuela Has Had ‘Enough’ of US Orders VENEZUELA Venezuela Venezuelan officials said they are tired of taking orders from Washington, amid mounting pressure from the US administration to loosen state controls on the oil industry, the Independent reported Monday. “Enough already of Washington’s orders over politicians in Venezuela,” said Acting President Delcy Rodríguez during a Sunday speech to address oil workers in Puerto La Cruz. “Let Venezuelan politics resolve our differences and internal conflicts. Enough of foreign powers.” Her comments came weeks after US forces captured Nicolás Maduro and his wife in an overnight raid, an operation that plunged the country into political uncertainty and prompted President Donald Trump to initially say the United States was “going to run” Venezuela. Trump later backed Rodríguez to assume office as interim leader. Rodríguez said Caracas would address disputes “face to face” with Washington and insisted the government was focused on guaranteeing “peace and stability,” Xinhua reported Sunday. She also called for talks with Venezuela’s opposition to reach “agreements” on the country’s political future, saying there must be “no political or partisan differences when it comes to peace in Venezuela,” added the Independent. Despite the rhetoric, Maduro loyalists have expressed concern after Venezuela’s legislature last week began debating a measure that would loosen state control of the oil sector, the first such move since the late president Hugo Chávez nationalized parts of the industry in 2007. The proposed legislation would allow private companies to operate oil fields independently, collect cash revenues and use international arbitration for disputes. The shift appears aimed at easing US pressure and attracting foreign investment, according to the Wall Street Journal. This follows a confirmation by the Trump administration earlier this month of the first sale of Venezuelan oil, raising $500 million. The proceeds are being sequestered in Qatar – rather than US or Venezuelan banks – an arrangement intended to prevent creditors from accessing the funds while allowing money to begin flowing back to Venezuela, CNN noted. US Treasury Secretary Scott Bessent said the proceeds would fund government operations, security and food provisions, with Venezuelan banks already advertising cash availability. Meanwhile, the political thaw has coincided with the release of detainees. On Sunday, the non-governmental organization Foro Penal confirmed the release of 104 political prisoners, adding to earlier releases, and bringing the government’s total to 626 freed since December, according to France 24. Opposition groups and rights organizations have welcomed the releases but criticized their slow pace, even as Rodríguez’s government says a “large number” of remaining prisoners will be freed.

Bolivia: Strikes Escalate After Government and Union Fair to reach Agreement

Strikes in Bolivia to Escalate after Government and Union Fail to Reach an Agreement BOLIVIA Bolivia Negotiations between Bolivia’s government and organized labor collapsed over the weekend, intensifying a two-week standoff over fuel subsidy cuts as unions warned of a “national revolution,” MercoPress reported. On Friday, talks between the administration of President Rodrigo Paz and the Bolivian Workers’ Union (COB) broke down after both sides accused each other of inflexibility over Supreme Decree 5503, which ended fuel subsidies and triggered major price hikes. Union leaders abandoned calls for limited roadblocks and said the country faced escalating unrest, with more than 50 blockades reported nationwide. COB Executive Secretary Mario Argollo said the government had refused to repeal what he called an unconstitutional decree that threatened workers’ rights. He accused the administration of betraying rural and labor voters and likened the measure to Bolivia’s 1985 Supreme Decree 21060, which ushered in sweeping neoliberal reforms. The government rejected that account, countering that COB made a U-turn on provisions previously agreed, including minimum wage increases and bonuses included in the decree. Officials claimed union leaders returned to talks with an “unacceptable” ultimatum to completely repeal the decree. They have asked the COB to submit objections in writing to avoid further “misinterpretations.” Paz and his officials have stressed that the subsidy cuts are necessary to restore public finances and correct fiscal distortions. Deputy Minister of Autonomies Andrea Barrientos said the government plans to amend 35 articles of the decree to add procedural clarifications, including constitutional safeguards and social oversight, but without restoring subsidies. The weekslong strikes have caused economic losses of up to $100 million a day, according to the government, citing disruptions to industry, commerce and transport. Meanwhile, the decree has also escalated a political confrontation between Paz and Vice President Edmand Lara, ... [Message clipped] View entire message

Venezuela: The Leadership Changes but Nothing Else

In Venezuela, the Leadership Changes But Little Else Does VENEZUELA Venezuela In the hours after the US removal of leader Nicolás Maduro, some Venezuelans allowed themselves to hope. A few laughed and cheered. Others cried in relief. Some even popped the champagne they were saving for a very special occasion. But a day later, that joy and relief were replaced by fear, dread and uncertainty as the country’s new leader escalated a crackdown on dissent. “It feels like it did after the presidential elections in 2024,” María, 55, told the Washington Post, referring to the vote that Maduro allegedly stole from the opposition. “We won, but we also lost.” On Jan. 3, the US attacked Venezuela and seized Maduro and his wife, transporting them to stand trial in the US for drug trafficking and other charges. Soon after, US President Donald Trump said Washington would “run” the country. But on the ground in the days since, there is little evidence of that, say Venezuelans. Instead, all the players of the old Maduro regime are still running the country. “There is no change at all,” Francys Machucas, a banking adviser in Caracas, told the Wall Street Journal. “We are going to remain in the same situation because it’s the same people.” What did change after the Jan. 5 swearing in of Vice President Delcy Rodríguez as acting president was the intensity of a long-running crackdown on free expression and dissent. Venezuelans say her administration has unleashed police and pro-government paramilitary units known as “colectivos” on the population. For the past week, these units have set up checkpoints and roamed the streets, looking for supporters of the US action and opponents of the regime. They have been doing so under a new decree, imposed immediately after Maduro’s ouster, which ordered police to arrest anyone “involved in promoting or supporting the armed attack by the United States of America.” The decree suspended the right to protest and authorized broad restrictions on movement and assembly. The government also detained more than a dozen journalists last week. Venezuelans say now, the atmosphere is tense and full of fear, with people afraid even to speak over the phone. “We’re all tapped,” one Venezuelan resident told El País. “It’s very difficult. You say something and they arrest you.” Venezuela is on pause now, said the Spanish newspaper. It described Venezuelans as “Afraid to go out into the street, to speak out, to run out of food, (to get) bombed again.” Maduro supporters, meanwhile, are furious, taking to the streets daily to protest since the president’s ouster. Rosa Contreras, a 57-year-old, says she felt “humiliated” by the US action but was determined to show her support for the former leader by attending a rally calling for Maduro’s release, especially after she saw an image of him waving after arriving in the US. “He had an attitude that sent us a message: If I’m standing here, you have to stand here, stand tall and keep going,” she told the BBC. Meanwhile, there has been no mention of elections by either Trump or the Venezuelan government, although the country’s constitution mandates that a vote must take place within 30 days of the presidency being permanently vacated, the Associated Press noted. Still, Rodríguez maintains that the rightful president of Venezuela is Maduro. At the same time, there has been little mention of the opposition or its leader, Nobel Laureate María Corina Machado, taking over as the country’s president, with Trump insisting that she “doesn’t have the support” within Venezuela, the Hill noted. Machado is the country’s most popular politician. In contrast, Machado praised the US action and told Fox News that “It’s a huge step toward a democratic transition.” The opposition leader, who was in hiding in Venezuela for nearly a year but escaped the country last month, is expected to meet with Trump next week after offering to “share” her Nobel Prize with him. Phil Gunson of the International Crisis Group told NPR that the current government will fight to the death to prevent a democratic transition. “The biggest threat is an outbreak of democracy,” he said. “This is kryptonite for these people. Democracy will see them thrown out.” Along with the political uncertainty, Venezuelans also wondered what would happen economically if the US took over the country’s oil production as Trump has promised to do. For the past decade, Venezuelans have endured hyperinflation in the triple digits, shortages of food and medicine and the collapse of public services. About one-quarter of the population has fled the country. The economy has collapsed, say analysts, likening it to countries that have been through a war. Alexandra Arismendi, who works in a mobile phone shop at the Sambil mall in one of Caracas’s busiest shopping districts, told Al Jazeera she was frustrated with the most recent spikes in the cost of daily essentials. “Prices are high,” she said. “A carton of eggs is selling for $10, which is beyond normal.” Still, some Venezuelans have hope that things will change after the fall of Maduro, and that they will be able to speak freely and choose their own leaders in free elections. “I can’t deny that the future makes me anxious,” Daniel, a gardener who lives just outside of the capital, Caracas, told NBC News. “But I do trust that change can happen from now on.”

US Intervention In Venezuela Sparks Concern Among Allies And Rivals

US Intervention in Venezuela Sparks Alarm, Among Allies and Rivals VENEZUELA Venezuela The United States’ move to remove Venezuela’s president and “run” the country until a “proper transition” takes place sparked mix reactions in Latin America over the weekend, with some celebrating the ouster and others fearing for the stability of the region, NPR reported. Early Saturday, the US military carried out airstrikes in Caracas and captured President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores. The couple was taken aboard the USS Iwo Jima and later flown to New York, where they are expected to face federal charges, including drug trafficking, ties to narco-gangs designated as terrorist organizations, and weapons offenses, CBS News added. Following the capture, US President Donald Trump said Washington would govern Venezuela for the foreseeable future, without providing details on how or for how long. He added that the US would take control of Venezuela’s oil industry and said American energy companies would move into the country. Trump also claimed Maduro’s removal would allow hundreds of thousands of Venezuelans who fled to the US to return home. Meanwhile, Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez was sworn in as interim leader shortly after Maduro’s removal. While the US has claimed the interim president will do “whatever the US asks,” Rodriguez has publicly condemned the military operation and said Maduro is the “only president.” She rejected notions that Venezuela would become “a colony of an empire,” with officials describing the attack as an attempt to steal the country’s resources, according to the BBC. But on Sunday, Rodriguez said she hopes to have a “balanced and respectful” relationship with the US “based on sovereign equality and non-interference,” CBS added. At the same time, Trump dismissed placing opposition leader and Nobel Laureate María Corina Machado as the country’s next leader, insisting that she “doesn’t have the support” within Venezuela, the Hill noted. Still, analysts said questions remain over US governance in the aftermath of the president’s removal, as Maduro’s allies retain significant influence. Saturday’s operation marked the culmination of a long-running dispute between the Trump administration and Maduro’s regime, which has faced international criticism over human rights abuses, disputed elections, and economic mismanagement. Trump has accused Maduro’s administration of fueling migration to the US and facilitating drug trafficking, including fentanyl and cocaine – claims Caracas denies. Those tensions prompted earlier US strikes on alleged drug-trafficking vessels in the Caribbean and eastern Pacific. Analysts said the operation represents Washington’s first openly acknowledged military strike against a South American government, reviving memories of US interventions in the region during the 20th century. The move sparked concern across Latin America, particularly among leftist governments that have been critical of Washington, including Cuba and Colombia, who worry that they may be next, the Washington Post reported. Cuban President Miguel Díaz-Canel described the strikes as “state terrorism,” while his Colombian counterpart Gustavo Petro called them an “assault on sovereignty.” Petro and Trump have also traded barbs in the past over the US operations in the Caribbean. Brazilian and Mexican officials also criticized the US actions. Meanwhile, Argentina’s libertarian President Javier Milei – an ally of Trump – hailed the operation, writing “freedom moves forward” and “long live freedom” on social media. Ecuadorian President Daniel Noboa also welcomed Maduro’s arrest, as did Bolivia’s new leadership. Venezuela’s allies, Russia, China, and Iran, condemned the action and called for Maduro’s release. United Nations Secretary-General António Guterres said he was deeply concerned that “the rules of international law have not been respected.” European allies offered more cautious reactions. British Prime Minister Sir Keir Starmer said his government would “shed no tears” over Maduro’s arrest, while Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez warned that, despite Madrid’s refusal to recognize Maduro’s legitimacy, the US operation “violates international law and pushes the region toward uncertainty.”

President Maduro and His Wife Were Arrested By US Authorities And Removed To Face US Justice

https://www.youtube.com/watch?v=K8QYuG8Qb44